La Universidad Americana fue distinguida con el “Reconocimiento por la Reinserción Social 2025”, otorgado por el Ministerio de Justicia y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), en mérito a la labor sostenida del Programa SOL (Servicio de Orientación Legal) del Centro de Asistencia Jurídica (CAJ) a la Sociedad de la Carrera de Derecho. El acto de premiación se realizó el martes 16 de diciembre de 2025, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, y reunió a representantes de 32 instituciones del sector público, privado, académico y de organismos internacionales.

El reconocimiento destacó el compromiso institucional de la Universidad Americana en la promoción del acceso gratuito a la justicia y el acompañamiento legal a personas privadas de libertad (PPL) y comunidades en situación de vulnerabilidad, a través de un programa que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 2004.

Al respecto, la abogada Verónica Ygarza Cuquejo, directora de las carreras de Derecho y Licenciatura en Criminología y Seguridad, explicó que la distinción visibilizó y valoró el rol de la universidad como motor de programas de contención y asesoramiento legal con enfoque humanitario. Señaló que el Programa SOL permitió garantizar el derecho al acceso a la justicia, al tiempo de ofrecer a los estudiantes de Derecho un espacio formativo donde aplicar sus conocimientos con ética y compromiso social, contribuyendo a procesos reales de reinserción.

Las acciones que motivaron este reconocimiento se desarrollaron de forma permanente en espacios como el Consultorio Jurídico Central de la Universidad Americana, la Casa de Justicia del barrio San Francisco, centros penitenciarios como Tacumbú y el Buen Pastor, así como en diversas comunidades vulnerables atendidas a lo largo de más de dos décadas.

Iniciativa interinstitucional e interdisciplinaria

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Justicia y el CEJ, con el respaldo técnico y financiero de la Unión Europea. Desde la Universidad Americana, la gestión estuvo a cargo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (FDCPyS), mediante la Coordinación del Centro de Asistencia Jurídica, con la participación de estudiantes de las carreras de Derecho y Psicología, docentes y un equipo de abogados pro bono.

Entre las principales dinámicas desarrolladas por el Programa SOL se destacaron los consultorios jurídicos móviles en comunidades y centros penitenciarios, la gestión y patrocinio de casos judicializados en los fueros de Niñez, Civil y Penal, la formación de mediadores en resolución alternativa de conflictos y el acompañamiento legal y emocional en situaciones de crisis, como los operativos de traslado masivo de personas privadas de libertad.

“En cuanto a la ejecución del programa, participan anualmente cerca de 50 estudiantes extensionistas de la carrera de Derecho, sumando más de 800 alumnos formados históricamente en el programa SOL”, precisó la docente.

Con relación al alcance académico, consideró que el programa reforzó el modelo de “Aprendizaje-Servicio”, donde la teoría jurídica se transformó en impacto comunitario. En lo profesional, posicionó a los egresados como líderes con sensibilidad social. Además, se logró visibilizar la importancia de la colaboración público-privada para solucionar problemas estructurales del sistema penitenciario y de justicia.

Impacto real y sostenido

Con respecto a los resultados, el programa registró una asistencia histórica de más de 10.000 personas orientadas y asistidas en los últimos 21 años, con un promedio reciente de 19 sentencias definitivas anuales. Asimismo, fortaleció el estatus legal de las PPL, facilitando su camino hacia la libertad y la reintegración social mediante la regularización de sus procesos judiciales. De manera específica, benefició a más de 600 mujeres privadas de libertad durante traslados penitenciarios y procesos de asesoramiento legal.

La directora de la carrera de Derecho calificó la jornada como altamente positiva y emotiva, destacando que la amplia participación interinstitucional superó las expectativas y confirmó la validez del camino iniciado por el CAJ en 2004. Finalmente, afirmó que este reconocimiento representó una nueva responsabilidad para la Universidad Americana: continuar siendo un agente de cambio y una oportunidad concreta para quienes buscan una segunda oportunidad de reinserción social.